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Google / YouTube. Los 8.000 elegidos

Área de Música Área de Música de la Universidad Europea Blog Música en la UE Publicado 06 Marzo 2017

Septiembre (2016) va a ser un mes muy recordado por Google. La Comisión Europea presentó un paquete de propuestas destinadas a reformar las leyes de propiedad intelectual. Las medidas planteadas fueron el posibilitar que los medios de comunicación puedan cobrar a agregadores que muestran sus noticias como Google News, además de exigir a YouTube controles más estrictos en los contenidos que suban sus usuarios. Google respondió con un comunicado a estas medidas, donde alertó sobre las trabas que se impondrán a la “innovación” en general y a las startups que operan en Europa en particular.

El mes de septiembre también será inolvidable para una familia de Alicante: recibieron una carta, precisamente de Google, donde se les reclamaban 100.000 euros por una cuenta de AdWords que abrió su hijo de 12 años junto a un amigo de 15. Google AdWords es un servicio que se utiliza para ofrecer publicidad y que funciona por un complejo sistema de pujas. Los dos chavales querían emprender en uno de los oficios más de moda: hacerse youtubers. Pero no comprendieron la complejidad inherente a AdWords, y mientras pensaban que estaban recibiendo ingresos por publicidad, en realidad estaban pagando y quedándose en números rojos en su cartilla de ahorros. Así, hasta unos 100.000 euros, aunque finalmente Google decidió perdonar la deuda cuando la noticia saltó a los medios.

En YouTube hay accesibles en la actualidad varios vídeos con el epígrafe “Crear cuenta de Google Adsense si eres menor de edad”. Esta facilidad para crear una cuenta en AdWords, explicada en detalle en el propio portal, contrasta con la dificultad de acceso a la herramienta llamada Content ID. Este servicio se publicita por Google como un medio por el que “los propietarios de derechos de autor pueden usar un sistema llamado Content ID para identificar y gestionar fácilmente su contenido en YouTube”. Pero, según fuentes de la misma Google, únicamente hay unos 8.000 usuarios en todo el mundo con acceso a Content ID. Lo más habitual es que se denieguen las peticiones de acceso a la herramienta, y en el habitual texto de rechazo, Google alerta de que su uso requiere mucho “entrenamiento” y “capacidad de gestión”.

Cualquiera puede subir vídeos a YouTube o crear una cuenta en AdWords, incluso menores de edad, como hemos visto. Pero artistas con lustros de carrera, varios discos publicados y vídeos con miles de visitas no son aptos para acceder a Content ID. Hay que recordar que YouTube sostiene su modelo de negocio en lo que los anglosajones denominan safe harbor, que podríamos traducir como “puerto seguro”. Esta filosofía exime al proveedor de servicios, YouTube en este caso, de las infracciones de derechos de autor que cometan los usuarios. Pero, aunque desde 2015 el “puerto seguro” está abolido por una histórica sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, esta filosofía ha saltado de internet a las calles. El arquetipo de Airbnb, paradigma de la llamada sharing economy, basa su modelo de negocio en una suerte de “puerto seguro” inmobiliario: hasta ahora no hay un control efectivo sobre si los pisos que se ofertan tienen licencia para ser un piso turístico.

Volviendo a YouTube y Content ID: si no se permite a la inmensa mayoría de autores el control del uso de sus obras vía herramientas de Google... ¿a quién podrían acudir en caso de problemas? De nuevo, en lo que respecta a YouTube y las vulneraciones de derechos de autor, a la Sociedad General de Autores y Editores. SGAE ha vuelto a perder una oportunidad histórica de jugar un papel relevante en la defensa de los autores. La entidad de gestión firmó en 2012 un acuerdo con Google de carácter confidencial, y al que únicamente puede acceder el Consejo de Dirección, ni siquiera los socios de la entidad. Así las cosas, parece ser que la gestión efectiva de la propiedad intelectual en YouTube de momento solo es posible para los 8.000 elegidos de Google.

El modelo de “puerto seguro” en el que YouTube no se responsabiliza de lo que suban sus usuarios parece que toca a su fin. Los gigantes digitales tienen que dejar de basar sus negocios en contenidos que no son suyos. O, al menos, parece que las reformas de las leyes de propiedad intelectual a nivel europeo van en esa dirección, aunque Google alerte de “un paso atrás para los derechos de autor en Europa”. Para bien o para mal, los marcos de propiedad intelectual en Estados Unidos y Europa siguen divergiendo, como ha sucedido a lo largo de la historia

David García Aristegui es profesor del Grado en Creación Musical de la Universidad Europea de Madrid

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